El Congreso aprobó el día 22 de junio de 2011 la reforma de la negociación colectiva, incluyendo, entre otras cláusulas, la vinculación de los salarios a la productividad. Establecer que los salarios estén ligados a la productividad ha sido una de las propuestas de las organizaciones internacionales para poder reactivar la economía española.
¿En qué consiste vincular los salarios a la productividad? Fue Ángela Merkel, la canciller de Alemania, quien propuso por primera vez la aplicación de esta medida en España, tal y como se lleva haciendo en Alemania. Consiste en desvincular el importe de los salarios de la inflación.
Actualmente, la fijación de los salarios se realiza a través de acuerdos interconfederales entre los sindicatos, que contemplan un aumento de un porcentaje revisable, según la inflación, sin tener en cuenta la situación económica de las empresas.
No obstante, esta medida tiene sus ventajas y desventajas puesto que, por un lado, se beneficiarían los trabajadores más proactivos, más involucrados en la compañía y, por tanto, más productivos, así como beneficiarían a las empresas que, en lugar de optar por un despido, podrían optar por una rebaja de los salarios cuando sufrieran una bajada de productividad.
Según el Ministro de Trabajo, debe haber una norma que incorpore la productividad como factor para fijar los salarios, teniendo en cuenta la situación de cada empresa y siempre se debe tener en cuenta el poder adquisitivo de ese momento.
Cabe destacar que esta medida no tiene valor jurídico, ya que la fijación del salario todavía es un aspecto que se negocia, teóricamente, entre trabajador y empresario, a pesar que, en la práctica, el salario lo fija el empresario, según el convenio colectivo de aplicación. Pese a la falta de valor jurídico, esta medida puede sentar las bases para que el empresario pueda bajar los salarios de sus trabajadores alegando que se encuentra en una situación económica grave a causa de la falta de productividad de los trabajadores de su empresa. Es decir, puede servir de excusa a los empresarios para pagar menos a sus trabajadores, por lo que, una vez más, la clase trabajadora se encuentra con una medida que les perjudica, más que les beneficia. Marcará una pauta para los futuros convenios colectivos. Además, la persona que no es productiva no dejará de serlo y, según esta medida, recibirá menos retribución que la que venía disfrutando hasta ahora, mientras que la persona que es productiva puede verse afectada en la medida que el empresario le pueda exigir más productividad para pagarle la misma retribución.
¿Qué piensan los sindicatos de esta medida? CCOO y UGT rechazan la aplicación de esta medida porque consideran que no se puede comparar la situación económica española con la alemana puesto que ésta última no tiene problemas con la inflación, contrariamente a lo que sucede en territorio español. En Alemania, la inflación es moderada por lo que no afecta a los trabajadores. Sin embargo, en España, el Índice de Precios al Consumo es alto y, desvincularse de esto, podría hacer perder poder adquisitivo a los trabajadores. Algunas voces son de la opinión que, si se vinculan salarios y productividad, se debería poner medios para contener los precios y evitar su incremento.
Otra gran diferencia con Alemania es que, en este país, los representantes de los trabajadores tienen voz y voto en las decisiones de la empresa así como tanto los trabajadores como los empresarios tienen una consciencia de responsabilidad en torno a esta cuestión, ya que, de lo contrario, esta medida únicamente sería aplicada con la finalidad de bajar los salarios.
Más concretamente, el sindicato UGT argumenta que es arriesgado aplicar dicha medida en una economía como la nuestra en tanto en cuanto la productividad española disminuye en las etapas expansivas y se incrementa en los momentos de recesión. Si se ligara salarios y productividad, siguiendo esta argumentación, en etapas expansivas, los salarios experimentarían una disminución mientras que en las etapas de recesión, los mismos deberían ser incrementados puesto que los trabajadores producirían más. Es improbable que los empresarios puedan adaptarse y soportar el coste de una subida de salarios en situaciones económicas graves.
Asimismo, el sindicato ha destacado el papel del Acuerdo Interconfederal suscrito con la CEOE para contribuir a la moderación de la inflación y a la protección del poder adquisitivo de los trabajadores.
Por otro lado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se muestra a favor de ligar los salarios con la productividad ya que afirman que es una medida que permitirá reducir el paro, aumentar los salarios cuando la empresa vaya bien y optar por la bajada de salarios cuando la empresa tenga problemas económicos, lo que reduce la utilización del despido en estos casos. Asimismo, consideran que haría que los trabajadores se implicaran más en la empresa.
Por último, además de la vinculación de salarios a la productividad, el Gobierno se comprometió a incluir cláusulas sobre el absentismo laboral, modificar temas relativos a la flexibilidad, revisando el límite de 5% de horas anuales que pueden fijar los empresarios y también se comprometió a una revisión de los plazos que se establecen para las prórrogas de los convenios colectivos. Asimismo, ha aceptado la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales e introducir cuestiones relativas a las Mutuas.
En conclusión, una vez más, los trabajadores se encuentran en una situación perjudicial respecto a los empresarios, que son los que pueden salir más beneficiados de ligar los salarios con la productividad. Pese a que la fijación del salario se realiza, aparentemente, a través de un acuerdo entre trabajador y empresario, en la práctica, como se ha dicho, esto no sucede. Establecer dicha clausula fija las bases para que el empresario alegue improductividad para bajar los salarios de sus trabajadores, tanto en épocas de recesión como en etapas expansivas. El legislador debería establecer garantías a fin que los trabajadores tuvieran la seguridad de que no van a ver sus salarios disminuidos de forma arbitraria y, por tanto, perder poder adquisitivo.
